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El impuesto a las gasolinas, cero desarrollo y más pobreza

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El precio de las gasolinas en Honduras sigue incrementando a niveles insostenibles, al grado de abrir nuevamente el debate en relación a que el gobierno debería en momentos de alzas, sacrificar sus jugosos ingresos producto del impuesto a los carburantes.

En este reglón específico, Honduras es después de Costa Rica, el país con los impuestos más altos de la región, un 33 por ciento del precio aproximadamente y que solo durante el año anterior, le generaron al Estado unos 15 mil millones de lempiras, cabe destacar que esta tasa está dolarizada, y cada vez que el lempira se devalúa, el impuesto se incrementa.

En múltiples ocasiones, expertos economistas han recomendado revisar esta carga tributaria que prácticamente se ha convertido en un ingreso fijo y del que poco se sabe en qué se utiliza, incluso hay quienes van más allá al proponer que bien podría eliminarse y recuperar estos fondos disminuyendo en buen porcentaje las exoneraciones tributarias.

En su momento el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), planteó la posibilidad de aplicar un impuesto variable para que cuando el precio internacional suba, la tasa impositiva baje o que se haga un leve ajuste en menor escala con el fin de no afectar económicamente al consumidor final.

Aunque en más de alguna ocasión, representantes gubernamentales anunciaron que revisarían la fórmula de cálculo en los precios de los carburantes, hasta ahora nada se ha hecho para encontrar opciones de reducción en los mismos, y por el contrario, las constantes alzas generan un efecto cascada que se traduce en una espiral inflacionaria difícil de soportar.

Con el aumento a los derivados del petróleo llega también el incremento a las tarifas de los servicios públicos como la energía eléctrica por ejemplo, también permanecen latentes las exigencias de revisión a los costos de operación en el sector transporte y suben de manera desproporcionada los precios de los productos de consumo básico, limitando la capacidad adquisitiva de la población, lo que al final se traduce en un generalizado descontento social.

¿Por qué el gobierno no quiere bajar los impuestos a los combustibles? El argumento principal es que de inmediato tendrían que hacerse recortes en la inversión pública y en transferencias municipales, respuesta nada contundente si tomamos en cuenta que los recursos destinados a ambos sectores son los más bajos en el presupuesto general de la nación.

Cada vez son más los dineros que van a gasto público y menos a inversión pública, más a seguridad y defensa y menos a desarrollo social, abundan los beneficios y canonjías para grupos políticos y económicos privilegiados en contraste con las pesadas cargas impositivas contempladas en una política fiscal perversa que persigue y sacrifica a los que menos tienen.

Lejos de representar desarrollo el impuesto a las gasolinas empobrece aún más a la gente, pero es la vía más rápida que tiene el gobierno para hacer llegar recursos a sus arcas y prescindir de este, no está contemplado entre las brillantes recomendaciones de los estrategas económicos gubernamentales.

Por: Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario