La decisión anunciada por el presidente del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano, de solicitar que los diputados hondureños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) rindan informes periódicos sobre su gestión ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Poder Legislativo representa una medida que, aunque elemental en cualquier democracia moderna, constituye un hecho inédito dentro de la relación entre Honduras y el órgano regional.
La noticia trasciende el ámbito administrativo. Abre un debate de fondo sobre la legitimidad, utilidad y futuro del PARLACEN, una institución que durante décadas ha estado marcada por cuestionamientos ciudadanos relacionados con su limitada incidencia política, su alto costo de funcionamiento y la percepción de que funciona como refugio político para exfuncionarios y dirigentes que buscan mantener privilegios o inmunidades.
La decisión del Congreso hondureño merece respaldo, no porque resuelva los problemas estructurales del Parlamento Centroamericano, sino porque introduce un principio indispensable en toda democracia: quien representa al pueblo debe explicar qué hace en su nombre.
La representación sin rendición de cuentas pierde legitimidad
Los diputados al PARLACEN son electos mediante voto popular. Reciben recursos públicos, representan oficialmente al Estado hondureño y participan en discusiones regionales que, en teoría, deberían contribuir a la integración política, económica y social de Centroamérica.
Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos desconoce aspectos elementales como: ¿Qué iniciativas impulsan? ¿Qué votaciones realizan? ¿Qué posiciones defienden? ¿Qué resultados concretos obtienen para Honduras? ¿Cuántas comisiones integran? ¿Cuál ha sido su asistencia? o ¿Qué proyectos regionales han promovido?
La ausencia de respuestas alimenta una percepción ciudadana devastadora: que el PARLACEN existe, pero nadie sabe exactamente para qué sirve. En cualquier parlamento nacional resulta impensable que un diputado permanezca cinco años sin explicar públicamente su gestión, sin embargo, esa ha sido prácticamente la regla dentro del Parlamento Centroamericano.
Por ello, la obligación de presentar informes periódicos constituye un mínimo democrático y no una concesión política.
Paradójicamente, esta medida también fortalece a quienes defienden la permanencia de Honduras dentro del sistema regional, ¿por qué? Porque si el PARLACEN aspira a recuperar credibilidad, debe comenzar precisamente por transparentar su funcionamiento. Resulta imposible defender una institución cuya producción legislativa, impacto regional y resultados concretos permanecen invisibles para la población.
La transparencia no debilita a las instituciones, al contrario, las fortalece, y quien trabaja con eficiencia no teme ser evaluado.
Existe, sin embargo, otra lectura igualmente válida. Quienes desde hace años promueven que Honduras denuncie el Tratado Constitutivo del PARLACEN y abandone definitivamente el organismo encontrarán en estos informes una oportunidad para sustentar técnicamente su posición.
Hasta ahora, gran parte del debate ha estado basado en percepciones y con informes periódicos, podrán responderse preguntas objetivas sobre cuál ha sido el beneficio económico para Honduras, o que leyes regionales se han traducido en mejoras nacionales, problemas regionales y por supuesto, hacer una relación objetiva entre el costo financiero y los resultados obtenidos.
Si los informes demuestran productividad, el organismo ganará legitimidad, si evidencian ineficiencia, fortalecerán las voces que plantean su retiro. En ambos escenarios gana la democracia porque el debate dejaría de sustentarse en discursos políticos para basarse en evidencia.
Una integración política incompleta
El cuestionamiento hacia el PARLACEN no es exclusivo de Honduras. Desde su creación en 1991, el organismo ha enfrentado un problema estructural: carece de poderes vinculantes y sus resoluciones, recomendaciones y declaraciones poseen principalmente carácter político. No legisla de forma obligatoria para los Estados miembros, no aprueba presupuestos nacionales, no controla gobiernos ni sanciona incumplimientos.
En consecuencia, muchos ciudadanos consideran que produce abundantes declaraciones diplomáticas, pero escasos resultados concretos y esta percepción se agrava cuando se compara con otros procesos de integración más sólidos, como el Parlamento Europeo, cuyas decisiones tienen efectos reales dentro de la Unión Europea.
Centroamérica aún no ha alcanzado ese nivel de integración política, por ello, el PARLACEN continúa siendo visto por amplios sectores como un parlamento sin verdadero poder parlamentario.
La imagen pública del organismo también ha sido afectada por episodios ampliamente difundidos. Diversos exfuncionarios investigados o señalados por casos de corrupción han llegado al PARLACEN al concluir sus mandatos nacionales, aprovechando los mecanismos de incorporación previstos en el tratado constitutivo. Aunque la sola pertenencia al organismo no garantiza inmunidad frente a procesos judiciales, esa práctica ha alimentado una percepción ciudadana persistente de que el Parlamento puede convertirse en un espacio de protección política.
La rendición de cuentas constituye un avance, porque las democracias modernas no pueden sostener instituciones basadas en la opacidad. La legitimidad no se presume: se construye con resultados, transparencia y responsabilidad frente a la ciudadanía.
