En la arena política, la “victimización” ha surgido como una estrategia comúnmente empleada por los políticos para influir en la opinión pública y protegerse de la persecución judicial que ellos mismos, en su defensa, denominan «persecución política». Esta práctica, muy común dentro del ámbito proselitista, tiene como fin único generar simpatía y solidaridad entre los ciudadanos, presentando a los políticos como víctimas de un sistema corrupto y maligno que les es adverso a sus intereses.
Pretendo en este corto artículo analizar de manera crítica tres condicionantes alrededor del tema, primero en cómo se utiliza la victimización, en segundo lugar su impacto en la estabilidad política, social y en el mismo sistema judicial, y finalmente en las implicaciones éticas y legales que conlleva.
Como estrategia política, la victimización se basa en la construcción de una narrativa en la que sus actores se presentan como perseguidos injustamente por motivos políticos, en lugar de ser responsables de sus acciones con un claro objetivo, desviar la atención de los casos judiciales en su contra y/o crear una imagen de inocencia y vulnerabilidad.
Al presentarse como víctimas, los políticos intentan generar empatía y apoyo de la opinión pública, erosionando así la credibilidad de las instituciones judiciales.
Un ejemplo concreto de esta estrategia fue el caso del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupción y lavado de dinero en 2017, pero que hábilmente utilizó la victimización como una forma de mantener su influencia política y desafiar la justicia a través de discursos emotivos y declaraciones públicas en las que se presentó a sí mismo como un líder perseguido injustamente por las élites y movilizando a sus seguidores para defenderlo hasta llevarlo nuevamente a ocupar la presidencia de esa nación.
Otro patrón similar se dio con la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien ha enfrentado múltiples acusaciones de corrupción y tuvo que recurrir a la victimización como una forma de deslegitimar los casos en su contra, acusando a los jueces de persecución, generando polarización social y debilitando a su vez la confianza en el sistema judicial.
En Honduras se vive un caso similar y quizás con matices más demagógicos tras el anuncio de la exprimiera dama, Ana García, esposa del extraditado expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue declarado culpable por tres delitos relacionados con narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, y que recibirá su sentencia en junio. Aduciendo una conspiración en contra de su familia, la señora de Hernández hizo pública a través de medios corporativos su aspiración en busca de encontrar, según dijo, “justicia verdadera”.
El impacto es por tanto significativo en la estabilidad política y de los sistemas judiciales, al presentarse como víctimas, los políticos erosionan la confianza en las instituciones democráticas, socavan el Estado de Derecho y además desvían la atención de los verdaderos problemas y desafíos que enfrenta un país, ya que la discusión se centra en la vulnerabilidad del político y no en los asuntos de interés público.
Desde la perspectiva ética, el uso de la victimización como estrategia política plantea también importantes dilemas, por un lado, es comprensible que los políticos busquen defenderse de acusaciones injustas o motivadas políticamente, pero, por otra parte, esta puede ser utilizada de manera manipuladora y engañosa, distorsionando la realidad al mostrarse como víctimas para evadir la responsabilidad de sus acciones y perpetuar la impunidad.
Finalmente, en términos legales pueden presentarse de igual manera implicaciones negativas para el sistema judicial; al deslegitimar las causas judiciales poniendo en duda la imparcialidad de los jueces, se debilita la confianza en la capacidad para administrar justicia y por consiguiente, lleva al deterioro del Estado de Derecho y al fortalecimiento de la impunidad.
Aldo Romero/Periodista y profesor universitario.
