Un gobierno que se considere realmente democrático y transparente debe estar dispuesto de manera permanente a someterse a la auditoría social y en este sentido, gran parte del éxito en la administración del Estado, se concentra esencialmente en la conducta ética y honesta de los hombres y mujeres que le representan ante la sociedad desde las diferentes instituciones.
Es una aspiración ciudadana habitar en una nación en donde las decisiones de los funcionarios públicos, desde la presidencia hasta el de menor rango, estén fundamentadas en el principio de legalidad y no en arreglos bajo la mesa para beneficio particular, la aspiración popular es la de un gobierno que genere desarrollo y que garantice los derechos y libertades de sus ciudadanos.
La transparencia es el valor esencial de los Estados democráticos y por ello debemos ser sumamente cuidadosos, como auditores sociales, para observar, evaluar y cuestionar la eficiencia, la legalidad y la integridad de los servidores públicos.
En los últimos años en Honduras, uno de los ilícitos que más crece y que muy poco se castiga es el relacionado con la corrupción pública, prueba de ello es que son muchos los casos de funcionarios gubernamentales, municipales, de seguridad, legisladores y hasta operadores de justicia, acusados y señalados de utilizar las estructuras oficiales para cometer ilícitos.
En este sentido vale la pena reflexionar, ¿En base a que el Estado de Honduras escoge a sus funcionarios? La respuesta es muy sencilla, el 95 por ciento de los anteriores y actuales colaboradores estatales han sido nombrados por compromisos y afinidad familiar o política y no por meritos y capacidades, igual sucede cada cuatro años en la mayoría de nominaciones a cargos de elección popular.
La muestra más reciente de los efectos negativos de esta irregular forma de selección de los altos cargos estatales se dio en el gobierno anterior que designó en puestos claves a personajes sin experiencia, conocimiento y méritos que antepusieron el interés personal sobre el colectivo, un error en el que no debería caer el gobierno de Xiomara Castro, cuya estructura base es la misma que acompañó entre 2006 y 2009 al expresidente Manuel Zelaya y a la que se han sumado sus familiares y amigos más cercanos.
Una segunda reflexión, ¿Qué hace, o que motiva a un servidor público a violentar la ley o actuar al margen de la ética? Pareciera que el llegar al poder cambia la conducta de algunas personas, las vuelve autoritarias, prepotentes, de carácter duro e inconscientes sociales, cuando lo ideal es utilizar sus posiciones para cumplir con el objetivo primario del Estado que es el bien común.
Combatir la corrupción desde la administración pública debe ser una obligación y castigar el delito mucho más, sin importar de quien se trate, amigos o parientes, pero para erradicar este mal se requiere volver a la raíz, promover la meritocracia y poner en práctica el Código de Conducta Ética del Servidor Público, que seguramente muchos de los anteriores y actuales funcionarios ni siquiera conocen.
A quienes ejercen la administración de las instituciones estatales es propicio recordarles que la percepción ciudadana es bastante fuerte en relación a la negativa gubernamental por la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción debe ser cuestión de principios, de actitud y de cultura, las sociedades están cansadas de gobiernos con funcionarios ineficientes, deshonestos y antiéticos.
Por: Aldo Romero/Periodista y Catedrático Universitario.
