¿Qué Honduras dejó de ser el país más violento del mundo?, quizás, puede ser, ¿qué hoy la gente vive más segura?, tal vez en algunos sectores, ¿qué la tasa de muertes violentas se redujo drásticamente de 90 a menos de 40 en los último cinco años?, imposible creerlo, y no por el simple hecho de ponerlo en duda, es que la realidad demuestra todo lo contrario, los niveles de inseguridad ciudadana son alarmantes y lejos de observarse una mejoría sustancial, la situación parece agudizarse.
Decir que Honduras es un modelo al mundo en materia de seguridad es faltar a la verdad, basta con hacer referencia a un inicio de año violento y con alta incidencia de feminicidios y muertes múltiples entre otros delitos, las estadísticas gubernamentales, sin pretender descalificarlas, no son congruentes con la realidad visible, por lo que recuperar la paz y la tranquilidad de la población, sigue siendo materia reprobada y con notas muy bajas.
Mientras las autoridades aseguran que no hay motivos para dudar de las cifras oficiales, en las actuales circunstancias que atraviesa la nación es muy difícil no hacerlo, particularmente porque no se conoce de manera concreta, en base a qué fórmula el Estado mide los índices de criminalidad a nivel nacional, y que incluso son avalados y replicados por el Observatorio de la Violencia.
¿Cuáles son los indicadores o instrumentos de medición que han llevado al gobierno a la afirmación de qué tanto hemos avanzado en la materia?, ¿de dónde llega la retroalimentación?, ¿de los tomadores de decisiones, de la sociedad civil organizada, aunque muy poco representativa o de la gente en zonas de riesgo?, respondiendo a estas consultas preliminares podríamos tener mayor información y visión de la problemática.
Luego sería interesante conocer los ejes que los expertos estrategas gubernamentales miden, ¿a quiénes se define como víctimas?, ¿cuáles son las actividades delictivas incluidas en la medición?, ¿en qué medida es congruente el presupuesto asignado a seguridad y defensa con los resultados obtenidos?, ¿cómo califican el desempeño de las instituciones, Policía, Ejército, Policía Militar y otras involucradas en la estrategia de seguridad ciudadana?
Permítanme profundizar en el trabajo institucional, sin una medición científica en este renglón, difícilmente se pueden hacer análisis concretos y reales de la actividad delictiva y sus efectos, en este sentido, ¿cuál es el impacto real de la reforma policial?, ¿cuál es la base de la estrategia carcelaria?, ¿se da seguimiento a los procesos de investigación, detención y castigo de los responsables de actos delictivos?, responder a estas consultas sería de gran aporte para quienes aún no nos convencen las estadísticas oficiales.
Nadie puede pasar por alto que la percepción ciudadana pesa más que el discurso oficial, que el grado de insatisfacción popular crece en la misma medida que incrementan los actos delictivos, no en vano diversos sectores sugieren ya hace algún tiempo al Estado replantear su estrategia en este sector, reordenar prioridades, evaluar con ojo críticos los excesos presupuestarios en seguridad, defensa y justicia en comparación con los mínimos resultados alcanzados.
Los estudiosos dicen que existen dos formas de dimensionar la actividad delictiva en una sociedad, la primera es mediante las cifras estatales que a pesar de su falta de credibilidad, se supone están sustentadas en los respectivos expedientes y archivos de denuncia e incidencia, la segunda es mediante encuestas de victimización con las que se cuantifica el verdadero volumen de delitos y las características económicas y sociales de las víctimas, ¿podría el gobierno presumir sus resultados con esta última opción?
Por: Aldo Romero/Periodista y Catedrático Universitario.
