La “Democratización de la Economía”: ¿proyecto de país o agenda ideológica?

En las últimas semanas ha sido objeto de debate la propuesta de “Democratizar la Economía”, impulsada por la candidata oficialista Rixi Moncada. Este planteamiento, revestido de un lenguaje aparente de justicia social, busca transformar el modelo económico hondureño mediante la nacionalización de sectores estratégicos, la intervención del sistema financiero y la subordinación de la inversión nacional y extranjera a una nueva lógica estatal.

La iniciativa suena disruptiva, incluso seductora para quienes sienten que el modelo actual no les ha hecho justicia. Pero si algo requiere este Honduras, un país con fragilidades institucionales, altos niveles de pobreza y un delicado equilibrio financiero, es rigor, prudencia y propuestas que miren más allá del corto plazo electoral y en ese sentido, la llamada democratización económica merece un examen más profundo.

El fantasma de la estatización

En su núcleo, la propuesta implica la posibilidad de que el Estado tome control de rubros productivos, empresas y sectores estratégicos, con el argumento de corregir desigualdades históricas. Pero la historia económica regional es clara: pocas cosas generan tanta incertidumbre como insinuar la nacionalización de activos privados.

Cuando se erosiona la seguridad jurídica, el capital—ese actor silencioso pero indispensable simplemente se va. No protesta, no marcha, no reclama. Se desplaza hacia donde encuentra reglas claras, estabilidad y respeto a la propiedad. Ese desplazamiento suele venir acompañado de empleos que se esfuman, créditos que dejan de fluir y oportunidades que nunca llegan.

Pensar que Honduras, con su actual capacidad institucional, puede administrar con éxito bancos, empresas energéticas o grandes industrias es más un acto de fe que una propuesta de política pública. Ni la ENEE, ni Hondutel, ni las empresas estatales creadas en el pasado sostienen la promesa de un Estado operador eficiente.

Por otro lado, plantear que se limitará la inversión nacional y extranjera bajo una nueva lógica estatal es desconocer que la competitividad no se construye desde la imposición, sino desde la confianza. En un mundo donde países vecinos avanzan agresivamente en atraer capital, Costa Rica y El Salvador en tecnología, Guatemala en zonas francas, República Dominicana en turismo y logística, Honduras no puede darse el lujo de enviar señales de aislamiento económico.

La economía no responde a consignas ideológicas. Responde a incentivos reales. Y sin inversión, sin crédito y sin certeza jurídica, ningún proyecto social es sostenible.

¿Visión de país o extensión del guion político?

Más allá del contenido económico, la propuesta parece seguir fielmente la narrativa del partido en el poder: crítica al modelo liberal, ataque a los incentivos fiscales, reivindicación del Estado como motor absoluto del desarrollo y sospecha permanente del capital privado.

Eso no es necesariamente malo per se, pero sí problemático cuando se presenta como la única vía posible. Honduras requiere un proyecto de país construido desde la pluralidad, evidencia técnica y diálogo con todos los actores económicos, no desde una sola identidad política.

Lo que sí necesita Honduras es un nuevo enfoque económico, pero no uno basado en la estatización ni en la confrontación, sino en factores claves como una estabilidad macroeconómica real, una reforma tributaria progresiva, sin privilegios y sin abusos, energía accesible y competitiva, infraestructura logística moderna y un Estado eficiente, transparente y capaz de generar un clima de inversión estable, con reglas claras y respeto al emprendedor. Ese es el tipo de transformación que genera empleo, reduce pobreza y construye futuro.

La verdadera democratización de la economía se logra cuando más hondureños pueden emprender, acceder a crédito, formarse, competir y prosperar. No cuando el Estado concentra más poder, sino cuando la ciudadanía tiene más herramientas y oportunidades.

Pretender que la estatización resolverá las inequidades es ignorar que el problema nunca ha sido únicamente quién posee los activos, sino la falta de instituciones fuertes, reglas claras y un entorno que premie el esfuerzo y la innovación.

Honduras no necesita un salto ideológico al vacío. Necesita un proyecto serio, técnicamente viable y con visión de largo plazo. Esa es la verdadera democratización que el país merece.