Las denuncias son permanentes y las evidencias escandalosas, la corrupción en Honduras hace mucho que dejo de ser un delito y se convirtió en una cultura, en una forma de vida que lamentablemente fue aceptada por la sociedad, quizás motivada por la indiferencia, el desinterés o la politización de las instituciones encargadas de impartir justicia, porque se volvió una lucha desigual y difícil de ganar ante un enemigo que cada día se fortalece y se entroniza en las más altas esferas del poder o porque el día a día es una permanente lucha de supervivencia.
Posicionar el tema del combate a la corrupción y la impunidad en Honduras como punto central de la agenda pública no ha sido fácil, es un trabajo que ha costado años de seguimiento y denuncias, sin embargo, mientras más crece la presión social y de los medios de comunicación en exigencia por la aplicación de justicia, en esa misma medida se solidifica la oposición de los grupos que por décadas han traficado con este flagelo y lo han convertido en su modus operandi.
Es curioso como esta resistencia surge desde los mismos gobernantes, de sus altos funcionarios o de líderes de los partidos políticos y ante la escasa o nula reacción se fortalece la percepción ciudadana en el sentido de que no hay un verdadero interés por adecentar las instituciones y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas.
Son varios los factores que minan los esfuerzos que desde algunas organizaciones nacionales e internacionales se hacen para erradicar o al menos visibilizar una problemática social que está llevando a la nación rumbo a una crisis sin precedentes, el más importante sin duda es la debilidad institucional, este es el “talón de Aquiles” de la política anticorrupción en el país, hay muy poca o nula credibilidad en el trabajo de organismos que por su naturaleza, debieran ser los abanderados de la auditoria, la investigación y posterior judicialización de aquellos que sacan ventaja de los recursos públicos.
Instituciones como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), y el Ministerio Público (MP), son cómplices silenciosos del fortalecimiento de la impunidad, su actitud débil y sumisa es constantemente reprobada por la evaluación ciudadana que rechaza el parcialismo con el que se abordan casos puntuales y la apatía con la que se tratan aquellos que a menudo ocupan los grandes espacios de los medios de comunicación.
Un segundo factor es el control de la información mediante la imposición de figuras legales contrarias a las normas de transparencia, nos referimos en este sentido a la aprobación de leyes que no permiten a los entes investigadores acceder a información confiable y oportuna porque están protegidas bajo criterios de secretividad que en nada abonan a la lucha contra la impunidad.
En la Honduras de los escándalos no cabe la independencia judicial, curiosamente entre más leyes se aprueba o se reforman, menos visibles son los resultados, posiblemente la responsabilidad no es total de los operadores de justicia, también se cuenta con la atenuante de la “astucia” política acostumbrada a crear barreras que favorecen la normal operación de un esquema de ilegalidad.
Que la impunidad y la corrupción en Honduras crecen a pasos agigantados es una realidad que no admite discusión, desafortunadamente no se ve por donde se puedan encontrar verdaderas estrategias para erradicar este mal social, parece imposible obligar a los gobernantes y a sus funcionarios a que asuman verdaderos compromisos con el país antes que llevarlo por el camino erróneo.
En este sentido la masiva participación pública es hoy más que nunca fundamental para concretar una lucha eficaz contra el cáncer de la corrupción, la presión social debe ser cada vez más fuerte con una ciudadanía consciente que es precisamente la corrupción la que limita su desarrollo económico y social, un estado que no respeta la ley es un estado corrupto.
