Las recientes declaraciones de la candidata de LIBRE, Rixi Moncada relacionadas con su propuesta de “desprivatizar el dinero” y a “distribuir la riqueza entre los 10 millones de hondureños” generan más inquietud que esperanza. No se trata solo de un eslogan de campaña, sino que de una afirmación que toca el corazón del aparato productivo hondureño y la confianza de millones de ahorrantes.
Conviene repetir una verdad básica que parece ignorarse: el dinero que está en los bancos no es de los bancos, es de la gente. Son los ahorros de trabajadores, emprendedores, productores, pequeños negocios y familias que depositan su dinero para guardarlo con seguridad y acceder al crédito que mueve la economía.
Cuando una figura presidencial sugiere repartir el dinero, la interpretación inmediata es peligrosa: ¿se refiere a intervenir los depósitos? ¿A controlar el crédito? ¿A limitar el uso del dinero privado? En América Latina ya hemos visto lo que ocurre cuando los gobiernos deciden “meter mano” en los ahorros de la población: en 2001 en Argentina, el llamado corralito limitó a los ciudadanos el retiro de su propio dinero. Es decir, el gobierno les prohibió usar sus depósitos, el resultado se tradujo de inmediato en protestas nacionales, caída del gobierno y la quiebra de miles de negocios.
En Venezuela (2007-2017) se dio el control del crédito y expropiación financiera por parte del gobierno de Hugo Chávez, y posteriormente de Nicolás Maduro, quienes introdujeron políticas para “democratizar el crédito” con la obligación de destinar el mismo según prioridades establecidas por el gobierno,
El Salvador paso por una situación similar en la década de los 80 conmedidas de control estatal sobre la banca que provocaron un congelamiento parcial de depósitos, fuga de capitales y un deterioro prolongado del sistema financiero.
La receta siempre termina igual: fuga de capitales, quiebre de empresas y empobrecimiento acelerado. Honduras no está para experimentos de ingeniería ideológica, lo que el país necesita es fortalecer el empleo, atraer inversión, apoyar a las MIPYMES y asegurar que el crédito siga fluyendo. En otras palabras: generar riqueza, no confiscarla.
La candidata Moncada debe explicar con precisión qué significa “desprivatizar el dinero”, la ciudadanía merece claridad, el ahorro es sagrado, y cualquier insinuación de control estatal sobre los depósitos erosiona la confianza que sostiene nuestra economía.
El dinero de los hondureños no es un botín político. Es el fruto del trabajo de miles de hogares que esperan seguridad, no incertidumbre. Si de verdad queremos distribuir riqueza, empecemos por respetar la propiedad privada y fortalecer la capacidad productiva del país. Todo lo demás es retroceso.
