Por: Aldo Romero
Hablar de crecimiento económico en Honduras es un tema complejo, particularmente porque las políticas y estrategias que conducen a este incremento anual, generalmente influenciado por el aumento en las utilidades o en el valor de los bienes y servicios que se producen en un país en un tiempo determinado, deberían automáticamente reflejarse, en una mejoría de la calidad de vida de la población.
Durante las últimas cuatro décadas los gobiernos han venido dilatando esfuerzos en estrategias y políticas poco productivas que lejos de favorecer a los más pobres más bien agudizaron su crisis, y aquí algunos ejemplos claros; se congelaron salarios, recortes masivos de personal en el sector público y privado, se incrementaron los impuestos, el gobierno bajó su gasto público en inversión e incrementó su gasto corriente, desaparecieron las alternativas de pleno empleo y en su lugar promocionaron con bombos y platillos el trabajo por hora, sin beneficios laborales y con ingresos mensuales por debajo del salario mínimo vigente.
Lo anterior por supuesto impacta en los que menos tienen, como no hay dinero en los hogares se reduce la capacidad de compra, de allí una clara muestra de que las medidas adoptadas, en su mayoría recomendadas por organismos internacionales y por asesores y funcionarios con total desconocimiento de la realidad social, son contrarias a las que se requieren para solucionar esta problemática.
Es contradictorio que una economía en deterioro como la hondureña, destaque como logro trascendental un crecimiento económico anual de entre 3 y 4 por ciento cuando a nivel interno, siete de cada diez habitantes viven en un entorno de extrema pobreza y sin posibilidades de mejorar su condición de vida.
¿Qué está fallando entonces? No hace falta ser un experto economista para deducir que lo que ha faltado en el país es una política económica y social pensada en función de la gente, las acciones para mejorar la captación de ingresos son una pesada carga para la mayoría en beneficio de unos pocos y las estrategias de apoyo a los sectores productivos no llegan a los destinatarios adecuados, solo por mencionar algunos de los desaciertos.
Por otro lado, mucho se han tardado los tecnócratas gubernamentales en reconocer que producto de la inseguridad jurídica, Honduras en la actualidad no es una nación propicia para la llegada de capital extranjero, mientras que los empresarios nacionales cuestionan la falta de reglas justas que garanticen la estabilidad de sus inversiones.
Expertos han recomendado que ante la marcada desigualdad económica y social, lo único que queda es actuar con transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, poniendo atención especial en el impulso a la inversión directa en áreas en donde la misma continúa siendo muy limitada.
De nada sirve presumir de una estabilidad económica que no se traduce en bienestar social, la radiografía de la crisis hondureña muestra lo contrario al discurso de los funcionarios estatales, un bajo crecimiento económico, altos niveles de desempleo, pobreza generalizada, fuertes índices de inflación producto del alza en el costo de vida, un alarmante endeudamiento público y un casi incontrolable déficit fiscal provocado por el desmedido gasto gubernamental.
