Por: Aldo Romero/Periodista y Catedrático Universitario.
La crisis en el sistema carcelario hondureño vuelve a tomar los principales espacios mediáticos del país luego de la espeluznante muerte de al menos 41 mujeres en el Centro Femenino de Adaptación Social en Támara, Francisco Morazán. Tras los sucesos no faltarán los debates en los principales espacios de análisis o las mesas de diálogo entre los tomadores de decisiones, pero este es ya un problema recurrente y cada cierto tiempo, cuando nuevamente la “bomba” explota nos encontramos en la misma encrucijada, cuestionando la ingobernabilidad en los centros penales y lamentando que desde el gobierno se adoptan tibias medidas que al final no dan resultados.
El problema de las cárceles en Honduras va más allá de los continuos amotinamientos, fugas y peleas entre bandas que han llevado al Estado a perder hace mucho tiempo el control de estos centros, a la ingobernabilidad carcelaria se suman otros factores que agudizan una crisis cada vez más insostenible y peligrosa.
De nadie es desconocido que en las cárceles de Honduras prevalece el hacinamiento, el maltrato hacia los privados de libertad de parte de las autoridades y de los mismos reos considerados en la categoría de privilegiados, un ambiente total de deshumanización y un sistema de seguridad penitenciaria deficiente.
Las preguntas concretas en este caso ya son reiterativas; ¿Cómo se puede poner orden en las penitenciarías y granjas penales?, ¿Cómo puede el estado recuperar la gobernabilidad de los presidios?, ¿Qué hacer para convertir a las cárceles del país en centros de rehabilitación y reinserción social y no en verdaderas escuelas del crimen?
Diversas organizaciones han coincidido en que una de las razones de la crisis en las cárceles del país es que el Estado a través de los años no ejerció una labor eficiente de fiscalización al trabajo de la administración y control de estos centros y se conformó con delegar esta responsabilidad primero a la policía, después en los militares y ahora a una interventora civil e incluso en el tema de rehabilitación se limitó a solicitar el apoyo de organizaciones religiosas y de derechos humanos. Terrible error sin duda.
Por otro lado, la infraestructura carcelaria del país es inadecuada y está en precarias condiciones, existe sobrepoblación en casi un 300%, estadísticas reflejan que en los presidios del país hay unas 19,500 personas privadas de libertad teniendo capacidad solamente para 14,000, y más de la mitad de la población penitenciaria está sin condena.
El presupuesto asignado para los centros penales es otro factor en contra si tomamos en cuenta que el 85% del mismo se destina al pago de salarios y gastos operativos, el resto, apenas un 15% es para alimentación, un panorama sombrío que trasciende las fronteras al derivar en los actos lamentables y trágicos que ya conocemos y que se presentan con regularidad en los últimos años.
No cabe duda que el problema aquí es estructural, el Estado se concentró en reprimir y reaccionar y se olvidó de prevenir, aún ahora después de tanto conflicto, amotinamientos, fugas y muertes no vemos por donde se inicie una verdadera política de rehabilitación penitenciaria, y aunque hay quienes defienden y ven como gran logro la construcción de más cárceles, sin duda, esta no es la mejor solución porque solo viene a ser un indicativo de que el delito sigue en crecimiento.
Según estudios recientes de organismos regionales de Derechos Humanos, Honduras tiene la infraestructura carcelaria más débil de la región, y las cárceles con el mayor índice de hacinamiento, los mayores casos de violaciones a los derechos humanos y el más alto número de muertes a nivel de Centro América, esta es una crisis que requiere urgente atención, pero con políticas congruentes, y orientadas a obtener resultados a corto, mediano y largo plazo.
Las interventoras no funcionan
Para que un equipo de trabajo sea efectivo y ofrezca los resultados que se esperan, sus miembros deben reunir características y habilidades especiales que aseguren su perfecta operatividad, hablamos de una adecuada comunicación, de la definición de una estrategia de trabajo proyectada al corto, mediano y largo plazo, de los procesos a en la toma de decisiones y del uso eficiente de las ideas entre otras.
La formación de equipos de trabajo altamente efectivos son un reto para las organizaciones a nivel privado y una verdadera crisis en el sector público, particularmente porque se requieren personas que actúen con verdadero liderazgo, conocimientos técnicos y con capacidad para identificar y solucionar problemas.
Cuando no existen equipos efectivos las cosas van a menos, y esto parece suceder en el caso puntual de la política carcelaria hondureña, muy habituada en los últimos años a la reacción tardía y no a la atención inmediata de problemas urgentes.
En materia de cárceles año con año surgen nuevas estrategias y políticas, hace dos décadas, en octubre del 2014 para ser más exactos, se hablaba de modernizar la seguridad carcelaria, mejorar las instalaciones, incluso la instalación de máquinas de rayos X, detectoras de metales y hasta se llegó a anunciar la reducción en el número de centros penales, cerrando unos y restaurando otros, nada de eso sucedió hasta ahora.
Erróneamente, el equipo de trabajo en materia de seguridad penitenciaria enfocó esfuerzos en la reacción y no en la reforma y modernización, descuidando elementos puntuales de los que ya muchos expertos han hablado, por ejemplo, poco o nada se ha hecho en la reducción de la mora judicial, según estadísticas oficiales, apenas un 30 por ciento de los privados de libertad han recibido sentencia condenatoria y el resto se mantiene en medio de largos procesos judiciales unos y abandonados otros.
Muy poco se ha hecho en el descongestionamiento de las cárceles que carecen en su mayoría de las condiciones básicas para la sana convivencia y que imitan las posibilidades de reeducación, rehabilitación y reinserción social.
En reiteradas ocasiones los expertos en esta temática han recomendado que para mejorar y volver eficiente el sistema penitenciario en Honduras se necesita de propuestas realistas enfocadas en la capacitación y profesionalización del personal en lo que corresponde a las medidas óptimas seguridad y al efectivo control de rutinas y hábitos en las prisiones.
La reforma penitenciaria es en realidad un proceso en constante movimiento y Honduras debería seguir el ejemplo de varios países latinoamericanos que han invertido dinero y esfuerzos coordinados en una modernización estructurada basada en la mayoría de los casos en los elementos arriba planteados, reducir la mora judicial, capacitación del personal carcelario y verdaderos programas de rehabilitación social.
Lic. Aldo Pero con tanto anios de experiencia no han podido desarrollar un saber, para controlar las cárceles. Por otro lado, me gustaría que hiciera un artículo sobre el comportamiento de la prensa en este tipo de coberturas. Da la impresión que transmiten un espectaculo y no, una nota luctuosa.
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