En las últimas dos décadas, América Latina ha transitado por un proceso de digitalización acelerada que ha transformado de manera profunda la vida social, política y económica de sus países. El auge de internet, las redes sociales y las plataformas de comunicación en línea ha dado paso a una nueva forma de participación ciudadana que aunque promete inclusión y democratización de la información, también se enfrenta los riesgos de la desinformación, polarización y exclusión digital.
El rol de fortalecer ciudadanía digital en este sentido es un componente esencial para la democracia en América Latina, específicamente desde un enfoque crítico y propositivo que invite a pensar en una formación ciudadana inclusiva y mediática capaz de responder a los desafíos de la era digital.
La noción de ciudadanía digital se ha definido como el conjunto de competencias, derechos y responsabilidades que tienen los individuos al interactuar en entornos digitales (Ribble, 2015). Este concepto integra habilidades técnicas, pensamiento crítico, ética digital y la capacidad de discernir información confiable en contextos marcados por la sobreabundancia de datos.
En América Latina, donde la penetración de internet alcanzó en promedio un 78% de la población en 2023 (Cepal, 2023), la ciudadanía digital se convierte en un eje crucial para el ejercicio democrático.
Vivimos en la “sociedad red”, donde las dinámicas sociales y políticas están condicionadas por flujos de información interconectados, esta transformación ha permitido que los ciudadanos ya no sean únicamente receptores pasivos de mensajes, sino también productores de contenido, actores políticos y vigilantes de la gestión pública, no obstante, esta participación digital no siempre se traduce en un fortalecimiento de la democracia: la proliferación de noticias falsas, la manipulación algorítmica y la brecha digital amenazan con debilitar los cimientos democráticos de la región.
Este ideal democrático supone un espacio público donde se intercambian ideas y se toman decisiones colectivas en beneficio del bien común. Jürgen Habermas (1981) señalaba que la democracia se sostiene en la existencia de una esfera pública deliberativa, donde el debate informado constituye la base de la legitimidad política. En la actualidad, las redes sociales han asumido parcialmente el rol de esta esfera pública, convirtiéndose en el escenario donde circulan discursos, se organizan movilizaciones y se ejerce presión sobre los gobiernos.
Un ejemplo emblemático fue el movimiento estudiantil chileno de 2011, donde Twitter, (hoy X) y Facebook jugaron un papel central en la organización de marchas y en la difusión de sus demandas por una educación pública de calidad. Del mismo modo, en Colombia, durante las protestas de 2021, las redes sociales fueron determinantes para visibilizar abusos policiales y articular mensajes que contrarrestaran narrativas oficiales.
Sin embargo, esta misma infraestructura digital ha sido escenario de campañas de desinformación masiva. En Brasil, durante las elecciones presidenciales de 2018, se documentaron campañas coordinadas de desinformación a través de WhatsApp, que influyeron en la percepción ciudadana, de manera similar, en México, la manipulación de tendencias en Twitter ha sido señalada como parte de estrategias políticas para moldear la opinión pública. Estos casos evidencian que la democracia digital no solo requiere acceso a internet, sino también competencias críticas para navegar entre información confiable y engañosa.
Exclusión en la democracia digital
Si bien la región ha avanzado en conectividad, persisten profundas desigualdades. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2022), mientras el 87% de la población urbana tiene acceso a internet, apenas el 47% de la población rural está conectada. Esta desigualdad tecnológica se traduce en exclusión política, pues limita la capacidad de grandes sectores para participar en los debates y procesos democráticos que hoy se desarrollan en el entorno digital.
La propagación de noticias falsas y campañas de desinformación es uno de los mayores desafíos para la ciudadanía digital en América Latina, considerada una región vulnerable a la manipulación informativa debido a la alta penetración de redes sociales y la debilidad institucional en la regulación de contenidos.
La formación en ciudadanía digital no puede limitarse a la enseñanza de habilidades técnicas, se requiere un enfoque integral que desarrolle pensamiento crítico, competencias informacionales y una ética digital que promueva la convivencia democrática. El influyente académico inglés David Buckingham (2019), definió que la alfabetización mediática debe entenderse como una herramienta de empoderamiento ciudadano, que permita a las personas analizar, evaluar y crear mensajes en múltiples formatos.
En América Latina, diversas iniciativas han buscado avanzar en esta dirección, en Argentina por ejemplo, el programa “Conectar Igualdad” no solo entregó computadoras a estudiantes, sino que también incluyó formación en competencias digitales. En Uruguay, el Plan Ceibal se ha consolidado como un referente regional al garantizar acceso a dispositivos y conectividad, complementado con programas de formación docente en ciudadanía digital y más recientemente en Honduras, la política nacional de educación digital busca vincular a organismos nacionales e internacionales para presentar innovaciones pedagógicas y tecnológicas en el sistema educativo público. Estas experiencias demuestran que es posible avanzar hacia una alfabetización mediática con impacto ciudadano.
Retos para la región
Fortalecer la ciudadanía digital en la región implica enfrentar múltiples retos; inicialmente reducir la brecha digital impulsando políticas públicas que garanticen acceso universal a internet y dispositivos, con especial atención a comunidades rurales y sectores vulnerables.
Un segundo reto se concentra en incorporar la alfabetización mediática en los sistemas educativos desde la educación básica hasta la universitaria como componente transversal de la formación ciudadana.
Por otro lado es fundamental fomentar alianzas entre gobiernos, sociedad civil y medios, para desarrollar programas de verificación de información y campañas educativas contra la desinformación y finalmente y no menos importante, fortalecer el periodismo de calidad mediante apoyo a medios independientes, capacitación en competencias digitales y sostenibilidad financiera para medios locales.
La democracia en América Latina enfrenta un momento decisivo, la digitalización ofrece oportunidades inéditas para ampliar la participación ciudadana, pero también abre la puerta a riesgos que pueden poner en serias dificultades la legitimidad democrática, la construcción de una ciudadanía digital crítica, inclusiva y ética, por tanto, es una tarea urgente para gobiernos, instituciones educativas, medios de comunicación y sociedad civil.
**** Aldo Romero es un periodista hondureño con más de tres décadas de experiencia en los principales medios de comunicación del país y una sólida trayectoria académica como profesor de periodismo desde hace más de 18 años. Su labor combina la práctica periodística con la formación de nuevas generaciones de comunicadores, destacando por un enfoque crítico y pedagógico que integra la alfabetización digital, la innovación en medios y la responsabilidad social del periodismo. Referente en el análisis político y en la promoción de un periodismo ético y adaptado a la era digital, Romero impulsa desde las aulas y los espacios públicos una visión transformadora del oficio, orientada a fortalecer la ciudadanía y la democracia en Honduras.
