Por: Aldo Romero/Periodista y Catedrático Universitario
América Latina viene siendo sacudida en los últimos años por los múltiples escándalos de corrupción que rodean a su clase política, al grado de que este flagelo se ha convertido en un gigante que debilita, manipula y destruye a las instituciones estatales, incluyendo a los órganos encargados de impartir justicia.
El impacto que genera la historia de la corrupción en una zona geográfica tradicionalmente agobiada por la pobreza y la desigualdad es notorio, todos los días hay algo nuevo que contar, escándalos que tienen entre sus protagonistas a los máximos exponentes de una desacreditada casta política y con efectos que socavan los ya casi destruidos sistemas democráticos de los países.
Curiosamente, en un entorno de corrupción y falta de transparencia, los discursos populistas de lucha contra la impunidad son la principal carta de presentación en política, particularmente en épocas electorales, perseguir y castigar a los corruptos pareciera ser el mensaje de moda que gusta a los políticos y atrae a los electores, promesas que a la larga se olvidan.
Para entender este fenómeno latinoamericano basta con alzar la mirada y evaluar lo que sucede en países como Brasil, en donde la justicia tiene al borde de la cárcel al expresidente Lula Da Silva, acusado por los delitos de corrupción y lavado de activos, o el caso de los ex mandatarios peruanos, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, a quienes se les sigue proceso judicial por lavado y sobornos, en Colombia se investiga si el presidente Juan Manuel Santos utilizó fondos de Odebrecht para financiar su campaña y desde varios años atrás, en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner es investigada por Defraudación.
Los países de Centro América no escapan a esta crisis de corrupción política de alto perfil, aunque es importante hacer la salvedad que, con la excepción de Honduras, cuyo sistema de justicia fracasó tras haber sido infiltrado por los intereses de políticos que limitaron por completo sus espacios de investigación y judicialización y blindaron sus ejecutorias, el resto de las naciones del área han mostrado acciones contundentes a nivel judicial para combatir y erradicar esta problemática.
En El Salvador para el caso, los ex mandatarios Mauricio Fúnez, Elías Antonio Saca y el ya fallecido Francisco Flores, fueron procesados por varios delitos, entre ellos el de enriquecimiento ilícito, Ricardo Martinelli enfrenta de igual forma un proceso ante la justicia de Panamá y el caso de Guatemala, quizás el más ejemplar de todos, con una amplia lista de ex mandatarios y otros altos ex funcionarios que por comprobarse su participación en actos irregulares, han sido remitidos de los tribunales a las cárceles comunes, Álvaro Colom es el caso más reciente.
¿Pueden las naciones ganar la batalla contra la corrupción? La percepción ciudadana es que no, hay encuestas serias que revelan que cerca del 70 por ciento de los habitantes en los países latinoamericanos cree que la lucha contra los delitos de “cuello blanco” no es del todo efectiva y que por el contrario, las bases de la ilegalidad se siguen solidificando y creciendo a pesar de las acciones de persecución penal.
Dato curioso es que en los países más pobres de la región y con el menor grado de escolaridad, es donde se presenta la mayor incidencia de corrupción política y con escasos resultados, y aunque no se puede desconocer que la proliferación de casos escandalosos le hace un grave daño a las democracias latinoamericanas, el hecho de que estos salgan a luz pública y que sean judicializados es una muestra de que la institucionalidad parece funcionar en algunos países.
