Con una caminata de antorchas encendidas, familiares e indígenas del oeste hondureño exigieron la noche del viernes la aplicación de la justicia a los autores intelectuales del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ejecutada hace dos años.
Berta “nos enseñó a defender el río, la tierra y el bosque. No nos vamos a rendir”, proclamó la indígena lenca Paulina Gómez, hablando con un altavoz desde un vehículo durante la caminata por la calle principal de la comunidad de La Esperanza, 110 km al oeste de Tegucigalpa.
Unas 400 personas participaron en la caminata, según estimaciones de periodistas, que terminó frente a un atrio, que denominan “la Gruta”, construido al pie de un cerro en la periferia de la comunidad.
Miembros del Copinh y agrupaciones de la sociedad civil se aglomeraron la mañana del viernes frente al edificio del Ministerio Público, en el este de la capital, en la conmemoración del segundo aniversario del asesinato de la ambientalista.
Por la noche los familiares de Cáceres y los indígenas se trasladaron a La Esperanza para continuar con el programa, que se extenderá hasta el sábado.
Austra Berta Flores, madre de la asesinada coodinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), denunció en declaraciones a la AFP que las autoridades “Solo han agarrado a los gatilleros pero no a los autores intelectuales” del crimen.
Flores se quejó de que el fiscal general, Oscar Chinchilla, se haya negado a atender su demanda de nombrar una comisión internacional que investigue el asesinato porque duda que la justicia hondureña funcione ante los poderosos que mandaron matarla.
Noveno detenido
Ocho sospechosos han estado detenidos, al menos cuatro de ellos empleados de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), una compañía señalada reiteradamente por la dirigente indígena lenca de amenazarla de muerte.
Este viernes, la Fiscalía informó en un comunicado que agentes policiales capturaron al “ingeniero eléctrico Roberto David Castillo Mejía por el delito de asesinato como autor intelectual en perjuicio de Cáceres y quien en el momento del crimen fungía como presidente ejecutivo de DESA”.
Según la fiscalía, Castillo fue “el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a los autores materiales”.
La ambientalista, que murió a los 44 años, encabezó bloqueos de calles en protesta por la construcción por parte de DESA de una represa del proyecto Agua Zarca en el río Gualcarque, que baña el montañoso territorio de sus comunidades.
Cuando pistoleros llegaron a matarla a su casa, en la comunidad de La Esperanza, en el oeste del país, entre la medianoche del 2 y la madrugada del 3 de marzo del 2016, Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, debido a las amenazas.
Flores aseguró que Castillo visitó a su hija antes del asesinato para “tratar de intimidarla y sobornarla” en el intento de hacerla desistir de la lucha.
DESA solicita liberación de David Castillo
En una comunicado emitido después de la captura, la empresa argumentó que “Castillo, como todos los miembros de DESA, están totalmente desvinculados al desafortunado hecho que terminó con la vida de la sra. Berta Cáceres”.
“Solicitamos respetuosamente la inmediata liberación del sr. David Castillo”, demandó la empresa que se vio obligada a suspender el proyecto aunque no está cancelado.
La diputada Olivia Zúniga, hija de la ambientalista asesinada, anunció la presentación, en breve, ante el Congreso, de un proyecto para que se anule el proyecto y otros 48 otorgados para construir represas en ríos del oeste del país.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresó en un tuit “su apoyo a la familia de Berta Cáceres y su acompañamiento en la búsqueda de la verdad”.
