Teodora Vásquez siempre dijo que había sufrido un aborto espontáneo cuando estaba trabajando como limpiadora en un colegio. Un empleado del centro, que halló al feto en los baños, denunció que había sido intencionado y, todavía con la hemorrágia, se la llevaron detenida.
Vásquez, que hoy tiene 34 años, fue condenada a 30 años de prisión por el homicidio agravado de su hija en El Salvador, que prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier situación. Hoy, tras años de movilización de ONG y activistas de todo el mundo y tras las sucesivas críticas de la ONU, el Gobierno de El Salvador le ha conmutado la pena. Ha cumplido más de una década entre rejas.
Una situación en la que —conocidas como «las 17″— aún permanecen más de una treintena de mujeres en el país centroamericano, con una de las legislaciones más restrictivas del mundo.
«Me siento muy contenta de regresar nuevamente con mi familia. Durante 10 años y siete meses estuve separada de ellos», ha dicho Vásquez visiblemente emocionada a la salida del penal de Ilopango, una cárcel de mujeres y uno de los centros penitenciarios más masificados del país.
«Estoy ilusionada por seguir luchando por otras compañeras que están presas injustamente. Sé que mi esfuerzo ha valido la pena y estoy muy contenta por estar de nuevo con mi familia», ha declarado mientras se abrazaba a sus familiares y amigos, que se agolpaban para recibirla.
Vásquez tiene un hijo que ha cumplido 14 años al que apenas ha podido ver durante sus años en prisión.
