¿Por qué en Honduras la política ocupa cada vez más espacio en la conversación pública? Parece contradictorio darle tanta relevancia a la diversidad de la narrativa partidista cuando el país arrastra desde hace décadas los mismos problemas estructurales: pobreza, desigualdad, corrupción, instituciones frágiles, baja productividad, migración forzada y una profunda desconfianza ciudadana hacia el Estado.
La política está en todas partes. En las conversaciones familiares, oficinas, universidades, iglesias, medios de comunicación y sobre todo, en las redes sociales, espacios donde cada día se libran batallas ideológicas que pocas veces producen soluciones reales.
La identidad partidaria ha llegado a convertirse, para muchos, en una forma de vida, se pertenece a un partido como quien pertenece a una religión o a un equipo de futbol, con lealtades inquebrantables, emociones intensas y con frecuencia, poca disposición para escuchar al otro, sin embargo, mientras el debate político consume enormes cantidades de energía social, los hondureños siguen esperando respuestas concretas a los problemas que afectan su vida cotidiana.
Esta realidad me obliga a darle valor y pensamiento a un fragmento del discurso del presidente Nasry Asfura en su informe de seis meses de gestión y que, si se le ve de forma imparcial y libre de sesgos, no deja de ser una reflexión incómoda: «la política es indispensable para acceder al poder, pero cuando se convierte en un fin en sí misma, puede transformarse en uno de los mayores obstáculos para el desarrollo nacional».
Hagamos un poco de memoria sobre aspectos históricos fundamentales; desde la antigua Grecia, Aristóteles entendía la política como el instrumento mediante el cual una comunidad buscaba alcanzar el bien común. La poli no existía para satisfacer las ambiciones individuales de sus gobernantes, sino para crear las condiciones que permitieran a los ciudadanos vivir mejor.
Muchos siglos después, el sociólogo alemán Max Weber (La política como vocación 1919) definió la política como la lucha por participar en el poder o influir en su distribución, pero advertía que quien ejerce el poder debe hacerlo con una ética de la responsabilidad, consciente de las consecuencias de sus decisiones.
Ambos enfoques coinciden en algo fundamental: la política es un medio, nunca el destino final. El problema aparece cuando la obsesión por conquistar el poder desplaza completamente la responsabilidad de gobernar, las campañas nunca terminan, los adversarios dejan de ser competidores democráticos para convertirse en enemigos irreconciliables y cada decisión pública comienza a evaluarse únicamente por su rentabilidad electoral.
En Honduras, esta lógica parece haberse normalizado, ya que buena parte del debate gira alrededor de quién gana, quién pierde, quién controla las instituciones, quién domina la narrativa o quién obtiene una ventaja política y en cambio, se dedica muy poco tiempo a discutir o a trabajar en conjunto para encontrar soluciones concretas.
Dicho de otra forma, la disputa política ha desplazado la discusión sobre políticas públicas y esa diferencia no es menor porque mientras las narrativas político-partidistas premian la confrontación, la movilización emocional y el caudillismo partidario, la acción de gobernar exige todo lo contrario: capacidad técnica, negociación, planificación, diálogo y visión de largo plazo.
El expresidente uruguayo José Mujica, reconocido internacionalmente por su estilo conciliador, recordaba, en una de sus últimas entrevistas para la cadena CNN, que la democracia consiste precisamente en convivir con quienes piensan diferente. «Una cosa es ser adversario y otra muy distinta es ser enemigo», repetía con frecuencia.
En su libro identidad: La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento, el economista y politólogo estadounidense Francis Fukuyama, advierte que muchas democracias contemporáneas han dejado de organizarse alrededor de proyectos nacionales para hacerlo alrededor de grupos que buscan reconocimiento, legitimidad o poder frente a otros grupos. El resultado suele ser una polarización cada vez más intensa y una creciente incapacidad para construir consensos.
Honduras no es ajena a este fenómeno. Las redes sociales han amplificado esta dinámica, sus algoritmos privilegian contenidos que provocan indignación, miedo o confrontación, porque generan mayor interacción. Como consecuencia, los discursos moderados tienen menos visibilidad, mientras que los mensajes extremos reciben mayor difusión creando burbujas informativas donde cada ciudadano escucha únicamente aquello que confirma sus propias creencias.
El desarrollo económico y social del país necesita estabilidad institucional, la inversión requiere reglas claras y previsibles, la educación demanda continuidad más allá de los ciclos electorales, la infraestructura necesita planificación de largo plazo y la lucha contra la pobreza exige políticas de Estado que sobrevivan a los cambios de gobierno.
En esta pequeña nación centroamericana, es todo lo contrario, cada proceso electoral suele percibirse como un nuevo comienzo absoluto. Se reemplazan equipos completos, cambian prioridades, se abandonan proyectos y muchas veces desaparecen políticas públicas que apenas comenzaban a consolidarse. Así resulta extremadamente difícil construir desarrollo.
Pero sería un error atribuir toda la responsabilidad a la clase política porque la ciudadanía también tiene un papel determinante. Cada vez que justificamos un acto de corrupción porque fue cometido por «los nuestros», debilitamos la institucionalidad. Cada vez que compartimos información falsa porque perjudica al adversario político, deterioramos el debate público. Cada vez que insultamos antes de argumentar, contribuimos a normalizar la intolerancia.
La democracia necesita ciudadanos, no fanáticos, necesita personas capaces de cambiar de opinión cuando la evidencia lo exige, de reconocer los aciertos del adversario y de cuestionar los errores de quienes apoyan. Ese tipo de ciudadanía constituye el principal antídoto contra la polarización.
Nuestro mayor desafío como nación no consiste en eliminar las diferencias ideológicas, las democracias saludables necesitan pluralismo, debate y alternancia. El verdadero reto consiste en impedir que esas diferencias destruyan la capacidad colectiva para resolver los problemas nacionales. Hablar menos sobre quién controla el poder y mucho más sobre cómo fortalecer las instituciones, la calidad de la educación, la productividad, el empleo, la innovación, la seguridad jurídica y la reducción de la pobreza, porque, al final, los ciudadanos no viven de los discursos políticos, sino de las oportunidades que un país es capaz de crear.
La política seguirá siendo el mecanismo legítimo mediante el cual una sociedad elige a sus gobernantes, pero cuando la lucha por el poder termina consumiendo la agenda nacional, desplazando los grandes debates sobre desarrollo y convirtiendo al adversario en enemigo, deja de ser una herramienta de transformación para convertirse en un obstáculo para el progreso.
