Las intenciones orientadas a regular los contenidos que se publican en las redes sociales no son nuevas en América Latina, prueba de ello es que casi todas las leyes o iniciativas presentadas para tal efecto, son entre ellas una verdadera copia al carbón, basta revisar las agendas de países con un alto grado de conflictividad política y social como Honduras, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Ecuador, México, Chile o Argentina por mencionar algunos.
Contrario a los que se cree, la finalidad detrás de las leyes contra los mensajes de odio y discriminación, es la de minimizar las críticas y cuestionamientos que se hacen directamente en contra de las ejecutorias de los sectores políticos y económicos y de las que tampoco escapan los generadores de opinión y medios de comunicación.
El eterno debate sobre el uso adecuado de las redes sociales, es y seguirá siendo un problema complejo, su control es prácticamente imposible, a menos que se decidiera por la restricción total de la red (medida difícil de adoptar en vista de que las redes son quizás hoy el principal medio de propaganda gubernamental) o en su defecto, como dicen los expertos legales en materia informática, a través de un convenio binacional entre el país que pide la restricción y el país de origen de las compañías proveedoras de estos servicios.
Quizás los promotores de estas leyes restrictivas del derecho de libertad de expresión, desconocen que cada red social tiene sus propios mecanismos de supervisión y autocontrol que permiten denunciar las malas prácticas y promover la sana convivencia en el mundo digital, estas restricciones a la vez, incentivan a los usuarios, a hacer uso adecuado y regulado de su espacio personal en la red bajo riesgo de ser censurado y denunciado con un simple clic.
Es la polarización política y social que viven la mayor parte de las naciones latinoamericanas, lo que ha dado pie al posicionamiento y discusión de los temas de orden político y democrático en el ámbito digital, al extremo de abrir la puerta a lo que hoy conocemos como “Fake News” o “noticias falsas” y que desde de nuestra perspectiva, son un fenómeno que representa graves riesgo para los países, los periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general.
Curiosamente, tal desenfreno en la red es promovido por una agenda oculta de los mismos actores políticos, de gobierno y oposición y que se ha consolidado desde los famosos “call centers” con la proliferación de perfiles falsos dedicados a mentir, intimidar, amenazar y denigrar y que buscan dejar de lado la veracidad de los hechos para promover la desinformación y la manipulación, socavando la confianza pública en los medios de comunicación y en el periodismo.
Desde la oficina de Libertad de Expresión y Opinión, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ha establecido que el auge de las noticias falsas en internet representa un peligro para las democracias puesto que atizan conflictos, dividen sociedades y manipulan a los ciudadanos, sin que hasta ahora exista un interés concreto para movilizarse o poner presión en este sentido, ni desde la sociedad civil, ni desde el periodismo y mucho menos desde los gobiernos.
Si bien hay cientos de sitios web de noticias falsas, y muchos de ellos son una réplica de medios de comunicación reales con el fin de desprestigiarlos, también hay sitios de noticias para propaganda e imagen gubernamentales desde los que paralelamente se enfilan baterías en contra de quienes no comparten sus posiciones o a quienes ven como una amenaza a sus intereses.
En síntesis, las leyes que regulan en las redes sociales los contenidos que algunos “iluminados” consideran son sinónimo de odio y discriminación, son más bien una clara muestra de intolerancia política y de un marcado temor a someterse a la auditoria social mediante la crítica y la denuncia.
Por: Aldo Romero/Periodista y Catedrático Universitario
