Las muertes con saña de dos privados de libertad, uno de ellos considerado altamente peligroso en la cárcel de máxima seguridad conocida como “el pozo” en Ilama, Santa Bárbara, y otro en el penal de Morocelí, El Paraíso, encienden de nuevo las alertas sobre la ingobernabilidad del sistema penitenciario hondureño, ya acostumbrado a este tipo de hechos violentos a pesar de las diferentes acciones que se anuncian para mantener un efectivo control de estos centros.
Ante estos lamentables acontecimientos las autoridades de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) anunciaron una inmediata intervención en las cárceles, sin embargo, más que medidas temporales y reactivas, debe procederse de manera urgente, según algunos expertos, no solo a la investigación de los hechos, sino a la inmediata depuración del sistema penitenciario a nivel nacional
Depurar por supuesto implica una reforma integral a fin de fortalecer una eficiente gestión carcelaria, que más que infraestructura necesita de recurso humano capaz y honesto en sustitución de quienes desde el interior de los centros penales, se prestan para situaciones irregulares, incluso, hay quienes sugieren que se debe buscar el urgente apoyo internacional de organizaciones especializadas a fin de mejorar el sistema penitenciario.
En materia de cárceles año con año surgen nuevas estrategias y políticas, no hace mucho, en octubre del 2014 para ser más exactos, se hablaba de modernizar la seguridad carcelaria, mejorar las instalaciones, incluso la instalación de máquinas de rayos X, detectoras de metales y hasta se llegó a anunciar la reducción en el número de centros penales, cerrando unos y restaurando otros, nada de eso sucedió hasta ahora.
Las medidas adoptadas han fracasado una y otra vez, incluyendo la promocionada creación de una nueva fuerza policial de control de los centros penales cuyo objetivo es evitar el ingreso de armas de fuego, metales y drogas en las cárceles de máxima seguridad, algo que por la naturaleza de las mismas, debería ser una de las principales fortalezas.
Erróneamente, el equipo de trabajo en materia de seguridad penitenciaria enfocó esfuerzos en la construcción de cárceles para reos de alta peligrosidad como parte vital de la reforma y modernización, sin embargo, aunque estas en efecto constituyen un avance importante en el proceso, se siguen descuidando elementos puntuales de los que ya muchos expertos han hablado.
Por ejemplo, poco o nada se ha hecho en la reducción de la mora judicial, según estadísticas oficiales, apenas un 30 por ciento de los privados de libertad han recibido sentencia condenatoria y el resto se mantiene en medio de largos procesos judiciales unos y abandonados otros.
Muy poco se ha hecho en el descongestionamiento de las cárceles, saturadas con unos 18 mil reos distribuidos en 24 centros penales que carecen en su mayoría de las condiciones básicas para la sana convivencia y que limitan las posibilidades de reeducación, rehabilitación y reinserción social.
En reiteradas ocasiones los expertos en esta temática han recomendado que para mejorar y volver eficiente el sistema penitenciario en Honduras se necesita de propuestas realistas enfocadas en la capacitación y profesionalización del personal en lo que corresponde a las medidas óptimas seguridad y al efectivo control de rutinas y hábitos en las prisiones.
La reforma penitenciaria es en realidad un proceso en constante movimiento y Honduras debería seguir el ejemplo de varios países latinoamericanos que han invertido dinero y esfuerzos coordinados en una modernización estructurada, basada en la mayoría de los casos, en los elementos arriba planteados, reducir la mora judicial, capacitación del personal carcelario y verdaderos programas de rehabilitación social.
