Al margen de que algunos sectores pretendan desconocerlo, el periodismo juega un rol fundamental en el desarrollo de las democracias, cumple un papel de vigilante y auditor social de las ejecutorias de los gobernantes y de todos aquellos que participan del entorno político, social y económico del país.
Los medios informativos son actores permanentes que influyen de manera directa e indirecta en los procesos democráticos, en teoría, el periodismo debe ser el interlocutor por excelencia entre las necesidades de los gobernados y las ejecutorias de quienes gobiernan, y refiero que “en teoría” porque en la práctica seguramente hay mucho que debatir, estilos, enfoques, criterios y líneas editoriales, por ejemplo, que aunque son del agrado de unos y el rechazo de otros, contribuyen al fortalecimiento del derecho de los ciudadanos a estar bien informados.
Por supuesto, no se puede desconocer que, desde algunos espacios mediáticos, profesionales de la información e infiltrados haciendo labor reporteril, han cambiado las reglas básicas del ejercicio profesional y encontraron el éxito en la divulgación de noticias falsas o verdades a medias que provocaron entre otros efectos, división y confusión social y descredito para el buen periodismo.
Sin embargo, en medio de este ambiente polarizado y de conflictividad, el valor del periodismo se fortalece a pesar de las múltiples campañas de desinformación, desprestigio y en algunos casos hasta de persecución que a menudo son avaladas o financiadas por políticos que ven en la prensa un obstáculo a sus intereses o un escenario propicio para fortalecerlos.
Estas acciones quedaron de manifiesto con la aprobación de un nuevo Código Penal que en el apartado de delitos contra el honor, atenta contra la libertad de expresión ya que ahora permite la querella contra el medio de comunicación, crea la calumnia indirecta, castiga las redes sociales y protege a las instituciones estatales y sus funcionarios (esto sin profundizar en que se redujeron las penas para delitos como lavado de activos y corrupción entre otros que seguramente serán objeto de un posterior análisis).
Existe un marcado interés político por regular los contenidos que se divulgan a través de los diferentes espacios de comunicación tradicional y digital, la legislación penal hondureña contemplada en el actual Código Penal y el nuevo que entrara en vigencia en noviembre próximo, limita, violenta y criminaliza la libertad de expresión y de prensa y hay quienes advierten, que su único objetivo es crear un régimen de censura y autocensura libre de crítica, denuncia y auditoria social.
Esto no es nada nuevo, hace ya varios años se vienen haciendo intentos para controlar a los medios, esto es ya una característica que identifica a los gobiernos populistas latinoamericanos de izquierda y de derecha que curiosamente se ven salpicados por permanentes escándalos de corrupción y cuyos países presentan los más altos índices de pobreza e inseguridad.
Es la clase política tradicional del país, acostumbrada a los pactos bajo la mesa y a los arreglos de medianoche la que hoy quiere decidir que se pública y que no en los medios de comunicación o en redes sociales, los abanderados de “el derecho al honor” son hoy los mismos políticos cuyas decisiones erróneas tienen al país al borde de un colapso económico y social.
No quisiéramos pensar que desde el Congreso Nacional de la Republica se busca crear un mecanismo de protección para evitar cuestionamientos, publicaciones o investigaciones periodísticas actuales o futuras, una especie de blindaje especial ante los constantes señalamientos de irregularidades a las que se ven sometidos diversos actores políticos del país.
