Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales para la investigación y persecución efectiva del delito, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a través de su Proyecto Unidos por la Justicia, firmó un Memorándum de Entendimiento con el Ministerio Público.
El acuerdo firmado por el Fiscal General Adjunto, Daniel Arturo Sibrían Bueso y la Directora Ejecutiva de Unidos por la Justicia, Noemi Danao-Schroeder, establece que se brindará asistencia técnica en diversas áreas que se enmarcan en el Plan Estratégico del Ministerio Público, a través de la implementación de procesos que tiendan al mejoramiento de la estructura organizativa y funcional propiciando su modernización y garantizando logros en la lucha contra la impunidad de forma sostenible.
Noemi Danao-Schroeder, informó que el objetivo del Proyecto es contribuir al fortalecimiento institucional, como mecanismo para promover un sistema de justicia eficiente con un enfoque de respeto a los derechos humanos.
Agregó que a través de este Memorándum se brindará apoyo técnico para la elaboración, análisis y/o implementación de la política integral de persecución penal; fortalecimiento a la Dirección General de Medicina Forense; apoyo al Programa de Protección a Testigos; soporte a la Escuela de Formación del Ministerio Público para generar capacidades institucionales orientadas a la profesionalización y mejoramiento de las capacidades humanas de los servidores de esta institución.
Es de suma importancia que el modelo de gestión por resultados institucionalizado por el MP se implemente bajo un enfoque integral y transversal para mejorar los servicios de atención que incluya la igualdad de género, comunidad LGTB, la juventud y los afro-hondureños; poblaciones de especial atención de Unidos por la Justicia.
Por su parte, el Fiscal Adjunto, Daniel Arturo Sibrían Bueso, indicó que existe un compromiso del Ministerio Público, además de continuar con el proceso para la elaboración de una segunda etapa de la planificación estratégica institucional que dará continuidad a las políticas y objetivos institucionales, respetando los principios y valores priorizados por la institución para el cumplimiento del mandato constitucional.
